"RETIRARÁN "TOMA DE NOTA" A GUILLERMO ALDRETE"; PIDE A 'CAPI' MURILLO DESISTIR EN AMPARO PARA NO DEJAR SIN REPRESENTACIÓN SINDICAL A LA BUROCRACIA

 

El secretario general del sindicato de burócratas advierte sobre las consecuencias para 8 mil trabajadores al servicio del estado.

Tijuana.- A partir del próximo miércoles, se retirará la Toma de Nota a José Guillermo Aldrete Casarín, actual secretario general del Sindicato de los Burócratas, sección Tijuana.

Esta acción se deriva de un amparo concedido a Humberto “Capi” Murillo González, quien ha cuestionado la legalidad del liderazgo de Aldrete Casarín y pide que se haga nuevamente una elección en la que participe como candidato.

En conferencia de prensa Aldrete Casarín expresó su preocupación por el impacto negativo que esta decisión tendrá sobre los 8 mil trabajadores del estado que dependen de la representación sindical para la protección de sus derechos laborales.

Entre los principales problemas mencionados, se encuentra la suspensión de la firma del contrato colectivo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y del Instituto de la Vivienda, situación que afectará directamente a los empleados.

Además, Aldrete Casarín advirtió que sin una dirigencia sindical reconocida legalmente, varios beneficios fundamentales para los trabajadores se verían afectados.

Esto incluye la imposibilidad de acceder al fondo para gastos funerarios, la suspensión del fondo de ahorros, y la detención de los procesos de promoción de jubilaciones y ocupación de plazas desocupadas, dejando en una situación de vulnerabilidad a los empleados públicos.

El dirigente sindical criticó la resolución de la jueza federal, argumentando que ésta privilegia los intereses personales de una sola persona sobre el bienestar colectivo del sindicato.

En su declaración, instó a Humberto “Capi” Murillo a reconsiderar su postura y desistir en el amparo para evitar que la burocracia quede sin representación y se generen problemas administrativos y laborales mayores.

La situación coloca a los trabajadores del estado en una incertidumbre considerable, a la espera de que se resuelva la disputa legal que afecta a su representación sindical y a la estabilidad de sus condiciones laborales.