Mexicali, B.C., lunes 24 de febrero de 2025.- A fin de inhibir el uso indebido de los servicios de emergencia y prevenir denuncias falsas que afectan la seguridad pública, el diputado Ramón Vázquez Valadez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California.
La propuesta plantea sanciones más severas para quienes realicen llamadas, avisos o alertas falsas a instituciones de emergencia, protección civil, bomberos y seguridad pública. Además, redefine el delito bajo el concepto de “Uso indebido de servicios de llamada de emergencia y denuncia”, en concordancia con la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana.
Asimismo, se amplía la tipificación del delito para incluir cualquier medio de comunicación, como teléfonos fijos y móviles, radio, botones de auxilio, aplicaciones, redes sociales e internet.
En cuanto a las sanciones, contempla penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas de quinientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización vigente. También establece una agravante que duplica la pena cuando las llamadas falsas buscan incriminar dolosamente a una persona con hechos notoriamente falsos.
“Un caso reciente, donde una mujer acusó falsamente a un conductor de actos lascivos mediante una llamada de emergencia, evidencia la necesidad de actualizar la legislación para evitar estos abusos”, señaló Ramón Vázquez.
Agregó que este tipo de denuncias falsas no son hechos aislados, pues también ocurren con frecuencia en centros educativos, donde falsas alertas sobre artefactos explosivos provocan la movilización innecesaria de cuerpos de seguridad, desperdiciando recursos y desviando la atención de emergencias reales.
Además, la iniciativa contempla que en el caso de que las llamadas sean realizadas por adolescentes, estos serán sancionados de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
“El uso indebido de los servicios de emergencia no es un simple juego, ya que puede tener consecuencias fatales y afectar la vida de personas inocentes, por lo que resulta fundamental actualizar las leyes y aplicar sanciones más severas que garanticen la protección de la ciudadanía”, expresó el congresista.
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