Mexicali, B.C., viernes 26 de diciembre de 2025.- Con el propósito de establecer las bases jurídicas para que las instituciones de seguridad y la Fiscalía General del Estado investiguen, persigan y sancionen de manera eficaz el delito de extorsión, el Pleno de la XXV Legislatura aprobó con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la iniciativa que crea la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en el Estado de Baja California.
La nueva ley se compone de 33 artículos, distribuidos en 5 Títulos, 9 Capítulos y 7 artículos transitorios, y constituye un marco normativo integral que permitirá cerrar vacíos legales, unificar criterios y fortalecer las capacidades institucionales frente a uno de los delitos de mayor complejidad y daño social, como lo es la extorsión.
Hasta antes de esta ley, la regulación en materia de extorsión estaba dispersa y poco clara, lo que provocaba respuestas desiguales y poco efectivas frente a un delito que, con el tiempo y el avance de las tecnologías, se fue fortaleciendo en perjuicio de la ciudadanía.
En este contexto, el nuevo ordenamiento se alinea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión y con la Ley General publicada el 28 de noviembre de 2025, que fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, con incrementos que pueden llevar la sanción hasta más de 42 años de cárcel en casos agravados, como cuando el delito se comete contra comerciantes, migrantes, menores de edad, adultos mayores, mediante violencia física, uso de armas, desde prisión o por servidores públicos.
A nivel estatal, la nueva legislación dispone además que el delito de extorsión y los delitos vinculados se investigarán y perseguirán de oficio, asegurando que las instituciones actúen de manera inmediata y sin necesidad de denuncia previa, lo que refuerza la protección ciudadana y la eficacia en la persecución penal.
Con su aprobación y futura aplicación, esta ley permitirá materializar principios de actuación, reglas de coordinación, obligaciones operativas y directrices de atención con enfoque de derechos humanos, bajo un marco de observancia general.
Por ello, las diputaciones del Congreso del Estado reconocen la necesidad de atender con responsabilidad el fenómeno de la extorsión, entendiendo que su expansión refleja la capacidad de adaptación del crimen organizado y la urgencia de superar las limitaciones normativas e institucionales para ofrecer respuestas más eficaces a la ciudadanía.
Cabe mencionar que las iniciativas que dieron origen a esta ley fueron presentadas por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda y el diputado Juan Manuel Molina García.
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