Mexicali, B.C., jueves 29 de enero de 2026.- La diputada Dunnia Montserrat Murillo López y el diputado Juan Manuel Molina García, exhortaron a la Secretaría de Educación de Baja California, Irma Martínez Manríquez y a la alcaldesa de San Quintín, Miriam Elizabeth Cano Núñez, a informar de manera clara y documentada sobre la donación y posible reversión de los predios relacionados con la Secundaria General No. 212.
Los legisladores proponentes indicaron que el problema se remonta a las administraciones municipales de Gilberto Hirata Chico y Marco Antonio Novelo, cuando San Quintín aún pertenecía al municipio de Ensenada, y se realizaron actos administrativos que habrían modificado el destino original del terreno donado para la secundaria.
“Como maestra y representante de San Quintín, sé que la educación no puede estar sujeta a dudas ni disputas administrativas; por eso es indispensable que las autoridades den certeza a la comunidad sobre el destino de los terrenos escolares”, expresó Montserrat Murillo.
En el requerimiento presentado se advierte que la indefinición sobre el destino del predio de la Secundaria General No. 212 ha provocado alarma social y movilizaciones de padres de familia, docentes y vecinos, quienes demandan información clara y acciones que garanticen su uso en beneficio de los estudiantes.
“La comunidad estudiantil de San Quintín merece seguridad sobre sus espacios escolares; nuestro deber es exigir transparencia y rendición de cuentas, las decisiones pasadas deben resolverse con información oficial y verificable para restablecer la confianza de las familias y docentes”, afirmó Juan Manuel Molina.
Es indispensable que los entes responsables proporcionen información oficial, transparente y verificable que responda a las dudas de las familias y docentes, para restaurar la confianza en la gestión pública y garantizar la continuidad del servicio educativo sin afectaciones al derecho fundamental de los estudiantes.
La proposición, por la relevancia del tema, contó con el respaldo de las y los integrantes de la XXV Legislatura, quienes coincidieron en la necesidad de obtener una solución que brinde certeza a la comunidad estudiantil y garantice la continuidad del servicio educativo en el municipio de San Quintín.
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