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APRUEBAN REFORMA PARA VISIBILIZAR Y SANCIONAR LA VIOLENCIA ECONÓMICA Y PATRIMONIAL CONTR LAS MUJERES.

 

La reforma coloca en el centro la autonomía financiera de las mujeres, visibilizando prácticas que antes quedaban impunes.


Mexicali, B.C., viernes 27 de febrero de 2026.- En sesión plenaria, el Congreso local aprobó la iniciativa del diputado Ramón Vázquez Valadez, cuyo objetivo es visibilizar y sancionar la violencia económica y patrimonial contra las mujeres, mediante la reforma al artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.


Con esta modificación se reconoce y sanciona la violencia económica y patrimonial como formas de agresión que afectan de manera cotidiana a un gran número de mujeres, tanto en el ámbito familiar como en el laboral.


En la exposición de motivos el diputado inicialista Ramón Vázquez Valadez declaró que la violencia contra las mujeres constituye una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, con consecuencias físicas, psicológicas y económicas que limitan su participación plena y en igualdad dentro de la sociedad.


La violencia económica se manifiesta cuando se restringe o impide el acceso de las mujeres a recursos, empleo remunerado o independencia financiera, afectando directamente su autonomía y capacidad de decisión. Esta forma de violencia puede presentarse en el entorno familiar, al imponer la obligación de trabajar en negocios sin recibir remuneración, bajo argumentos de apoyo natural o responsabilidad moral.


“Una de las manifestaciones más comunes ocurre cuando se obliga a las mujeres a trabajar sin recibir remuneración, bajo el argumento de que su labor representa un ‘apoyo natural’ o una ‘obligación moral’. Esta práctica vulnera su derecho a percibir ingresos propios, construir un historial laboral y acceder a prestaciones sociales o a una pensión”, explicó Ramón Vázquez.


A través de esta reforma se considera violencia económica la prohibición, impedimento, limitación o condicionamiento, de parte de la pareja para trabajar, además, de la obligatoriedad de trabajar, en un negocio familiar, sin remuneración económica alguna.


El Congreso del Estado reafirma su compromiso de garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres de Baja California, avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y digna.


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