Mexicali, B.C., viernes 24 de abril de 2026.- El Congreso del Estado aprobó el dictamen número 8 presentado de la Comisión de Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnología, mediante el cual se fortalece la Ley para Prevenir y Erradicar el Acoso Escolar en Baja California, con la incorporación de un Modelo de Atención Integral para brindar una respuesta coordinada y efectiva ante esta problemática.
La iniciativa impulsada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, establece la creación de un nuevo capítulo en la legislación estatal que permitirá articular un sistema institucional que incluya la atención psicológica, social, médica, jurídica y educativa, con el objetivo de garantizar el bienestar integral de las víctimas y atender las causas que originan la violencia escolar.
Esta propuesta legislativa es una respuesta a la ausencia de mecanismos coordinados entre dependencias, lo que generaba intervenciones fragmentadas, sin seguimiento adecuado y con riesgos de revictimización para las y los estudiantes afectados.
Con la aprobación de este dictamen, se establece un modelo estructurado que define con claridad las etapas de atención, desde la identificación del caso, la canalización, el acompañamiento, el seguimiento y la intervención oportuna, asegurando una respuesta integral y continua en cada situación de acoso escolar.
Desde una perspectiva social, esta reforma no sólo atiende las consecuencias del acoso escolar, sino que impulsa un cambio estructural en la convivencia dentro de las comunidades educativas, promoviendo una cultura de paz y corresponsabilidad entre autoridades, docentes, familias y estudiantes.
Con este avance legislativo, el Congreso del Estado fortalece su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, consolidando un marco jurídico que prioriza el bienestar integral y el derecho a desarrollarse en espacios educativos seguros.
En ese sentido, establece la creación de mecanismos de coordinación a través de una cédula de registro único, que permitirá dar trazabilidad a cada caso para garantizar que ninguna situación quede sin atención oportuna, independientemente de la instancia a la que acuda la víctima.
También incorpora principios fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la atención integral, el auxilio oportuno y el interés superior de la niñez, alineándose con el mandato constitucional de garantizar una educación en entornos inclusivos y libres de violencia.
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