INICIATIVA DE DIP. MICHELLE TEJEDA OBLIGA A PARTIDOS A CAPACITAR EN DERECHOS DE SECTORES VULNERABLES

 

Reforma a la Ley de Partidos Políticos busca ampliar capacitación obligatoria hacia niñas, niños, personas con discapacidad adultos mayores y diversidad sexual.

Mexicali, B.C., jueves 28 de mayo de 2026.- Con el propósito de establecer la obligación expresa de los partidos políticos de impartir capacitación en materia de derechos de grupos vulnerables, la diputada Michelle Tejeda, presentó una propuesta de reforma a la Ley de Partidos Políticos del Estado. 

Al motivar su pretensión la inicialista afirmó que es indispensable que los partidos políticos asuman su responsabilidad como entidades de interés público y contribuyan a la protección de quienes históricamente han sido marginados.

“Las condiciones desfavorables que padecen niñas, niños y adolescentes; personas con discapacidad; adultos mayores; personas de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables son ampliamente evidentes, por lo que se requiere un marco jurídico que asegure mayor atención y protección”, indicó.

Añadió que la capacitación transforma a las personas, convirtiéndolas de beneficiarios pasivos en agentes de cambio social, capaces de defender y promover sus derechos.

Actualmente, la Ley de Partidos Políticos de Baja California establece obligaciones en materia de educación cívica, paridad de género y respeto a los derechos humanos de las mujeres, incluyendo la prevención y erradicación de la violencia política en razón de género. Sin embargo, estas disposiciones se limitan al ámbito femenino, dejando fuera a otros sectores vulnerables.

“Nuestra democracia requiere más que cuotas de género; necesita acciones determinantes que integren a todos los grupos vulnerables en la vida política y social del estado”, explicó Michelle Tejeda.

De esta manera la iniciativa propone reformar diversas fracciones del artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos, ampliando el catálogo de capacitación hacia todos los grupos vulnerables. 

La finalidad es fortalecer la confianza ciudadana, garantizar acciones afirmativas electorales y consolidar agendas legislativas reales que respondan a las necesidades de la población más desprotegida.