Mexicali, B.C., martes 12 de mayo de 2026.- El fenómeno de la desaparición de personas representa uno de los mayores retos para el Estado mexicano en materia de derechos humanos, seguridad y fortalecimiento institucional, indicó la Diputada Gloria Arcelia Miramontes Plantillas.
Así lo señaló, al presentar una adición a la Ley en esta materia, para que el Ejecutivo deba prever anualmente en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios, para el funcionamiento y cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Local de Búsqueda.
La legisladora del Partido Morena mencionó que, la desaparición de personas genera un profundo impacto social, que trasciende a las víctimas directas, afectando a sus familias, comunidades y al tejido social en su conjunto.
Sus familias enfrentan no solo la incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos, sino también consecuencias económicas, emocionales y sociales que se prolongan en el tiempo.
En este contexto, el fortalecimiento de la Comisión Local de Búsqueda, mediante la garantía de recursos suficientes y sostenidos, permitirá mejorar la capacidad de respuesta institucional; brindar mayor acompañamiento a las familias y generar condiciones más efectivas para la localización de personas.
Bajo esta óptica, la incorporación de esta disposición fortalecerá la operación de la Comisión Local de Búsqueda, mejorar la coordinación interinstitucional e incrementar la eficacia en las acciones de búsqueda de personas.
Asimismo, brindará mayor certeza a las familias y a la sociedad, respecto de la continuidad y solidez de las políticas públicas en la materia, añadió Gloria Miramontes en su exposición de motivos.
De igual forma, esta medida contribuye a consolidar un modelo de gestión pública orientado a resultados, con enfoque en derechos humanos y con atención prioritaria a las víctimas, fortaleciendo la confianza en las instituciones y en la capacidad del Estado para atender este fenómeno.
La reforma a la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas introduce un mecanismo de previsión y racionalidad presupuestaria que permite dar continuidad a los programas existentes, optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la planeación financiera del Estado.
Asimismo, esta iniciativa respeta en todo momento la facultad del Ejecutivo Estatal para formular el anteproyecto de Presupuesto de Egresos, en congruencia con las prioridades del desarrollo estatal y los principios de disciplina financiera.
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