Mexicali, B.C., martes 30 de junio de 2026.- Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar como delito autónomo la omisión del deber de cuidado cuando esta conducta coloque en riesgo su vida, salud, integridad o desarrollo, aun cuando el daño no se haya consumado.
La legislación vigente permite sancionar las omisiones únicamente cuando producen consecuencias como lesiones o la pérdida de la vida, lo que limita la capacidad de actuación del Estado ante situaciones de riesgo, por ello, la propuesta busca cerrar ese vacío legal mediante un enfoque preventivo que permita intervenir antes de que ocurra una tragedia.
En ese sentido, la legisladora plantea adicionar el Capítulo XIV: "Omisión del Deber de Cuidado de Personas en Situación de Vulnerabilidad" al Código Penal estatal, con el fin de sancionar a quienes incumplan sus obligaciones legales de protección, vigilancia, custodia, atención o supervisión y expongan a personas en condición de vulnerabilidad a un riesgo real, grave y evitable.
Asimismo, contempla agravantes cuando la conducta sea cometida por servidores públicos o personal de instituciones educativas, de salud o asistencia social, cuando ocurra en centros de cuidado o albergues, afecte a dos o más personas protegidas o derive en lesiones, discapacidad permanente o pérdida de la vida, con las sanciones correspondientes.
Por otro lado, no se penalizará este delito cuando la omisión derive de condiciones de vulnerabilidad económica, social, material o estructural que limiten la capacidad de cuidado, siempre que la persona obligada haya actuado con diligencia razonable dentro de sus posibilidades, cuando haya realizado oportunamente las acciones razonablemente exigibles para evitar el riesgo o haya dado aviso inmediato a la autoridad competente.
Evelyn Sánchez señaló que diversos datos nacionales evidencian la necesidad de contar con herramientas jurídicas que permitan prevenir la violencia, la negligencia y el abandono antes de que generen consecuencias irreparables.
Destacó que esta reforma fortalece la política de protección integral impulsada desde el Poder Legislativo para que Baja California avance hacia un marco legal que permita actuar de manera oportuna y reforzar la tutela de los derechos de quienes requieren mayor protección del Estado.
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