Mexicali, B.C., martes 16 de junio de 2026.- La diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California con el propósito de fortalecer la protección del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como garantizar una reparación efectiva a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
La propuesta plantea establecer mecanismos de responsabilidad institucional y previsión presupuestaria cuando las compensaciones económicas deriven de resoluciones firmes relacionadas con violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos estatales o municipales, ya que han incrementado la presión financiera sobre el Fondo Estatal y pone en riesgo su capacidad para atender futuras obligaciones.
La legisladora afirmó que se busca equilibrar la protección efectiva de las víctimas, la sostenibilidad financiera del Fondo Estatal y el adecuado ejercicio de los recursos públicos, mediante una propuesta jurídicamente viable, financieramente responsable y alineada con los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y tutela de los derechos humanos
El derecho a la reparación integral implica no sólo reconocer una violación a los derechos humanos, sino garantizar mecanismos eficaces para restituir, compensar y reparar los daños ocasionados a las víctimas, en este sentido, el Fondo Estatal constituye una herramienta fundamental para asegurar el acceso oportuno a medidas de ayuda, asistencia y compensación.
Cabe destacar que la iniciativa incorpora observaciones emitidas por la Dirección de Consultoría Legislativa del Congreso del Estado, respecto a que cualquier previsión financiera deberá sujetarse a la disponibilidad presupuestaria autorizada, al Presupuesto de Egresos correspondiente y a la legislación hacendaria vigente.
Asimismo, contempla mecanismos de coordinación entre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y las autoridades hacendarias para la programación, seguimiento, control y fiscalización de los recursos destinados al cumplimiento de medidas de compensación.
Por otro lado, se prevé que las autoridades competentes puedan promover procedimientos de responsabilidad administrativa, civil, patrimonial o de repetición contra los servidores públicos responsables, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y prevenir conductas contrarias a los derechos humanos.
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