Mexicali, B.C., viernes 7 de agosto de 2026. – Con el propósito de dotar al sistema de justicia de criterios claros y actualizados que salvaguarden la vida y el desarrollo de la infancia, evitando que se repitan tragedias derivadas de vacíos legales y decisiones judiciales basadas en estereotipos, el diputado Diego Echevarría Ibarra presentó la iniciativa denominada “Ley Vicente”, una reforma integral que modifica y adiciona disposiciones del Código Civil y Penal de Baja California.
Al presentar la iniciativa, el legislador del PAN explicó que lleva el nombre de “Ley Vicente” en memoria de un hecho ocurrido en Mexicali, donde un niño de apenas tres años lamentablemente perdió la vida tras haber sido dejado en condiciones de riesgo.
“No se puede permitir que las custodias se definan por inercia o roles de género; por ello es necesario establecer parámetros objetivos para garantizar que las niñas y niños estén siempre en un entorno seguro”, afirmó.
En su propuesta de reforma a diversos artículos del Código Civil, se fortalece el marco de la justicia familiar al reconocer de manera expresa el derecho sustantivo a la coparentalidad, garantizando que hijas e hijos reciban cuidado equitativo de ambos progenitores. Se establece además la custodia compartida como presunción legal primaria, bajo criterios de idoneidad parental medidos por estabilidad emocional, salud mental y ausencia de conductas de riesgo.
Por otra parte, obliga a las autoridades a garantizar evaluaciones clínicas y psicológicas inmediatas, validando también dictámenes particulares certificados para agilizar procesos y evitar dilaciones que pongan en riesgo a la niñez. Asimismo, se amplían las causales de pérdida y suspensión de la patria potestad, incluyendo negligencia grave, adicciones, violencia vicaria, alienación parental y violencia digital.
En el ámbito penal, la iniciativa endurece sanciones para cerrar espacios de impunidad. Se sanciona la omisión de auxilio y la exposición a peligro climático, incluso sin resultado material, y se tipifica como homicidio o lesiones por omisión si ocurre daño.
También se incorpora la figura de violencia vicaria, perseguida de oficio y sin posibilidad de mediación, con agravantes que pueden implicar la pérdida de patria potestad. Se incrementan las penas por falsedad en procedimientos familiares, especialmente cuando se busca obtener ventajas indebidas en custodia o convivencias.
Finalmente, se penaliza la fabricación o manipulación de pruebas para simular violencia familiar o de género, protegiendo los lazos filiales y evitando resoluciones obtenidas con dolo.
“La ‘Ley Vicente’ constituye una reforma integral que cierra espacios de abuso, fortalece la confianza en las instituciones y asegura que el sistema de justicia actúe con neutralidad, objetividad y firmeza, siempre con el propósito de proteger la infancia”, indicó el diputado.
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