Mexicali, B.C., miércoles 2 de septiembre de 2026.– “La seguridad pública es esencial para el desarrollo económico y el bienestar social de las familias de Baja California, y pese a múltiples esfuerzos nuestra entidad enfrenta la agravación de una de las manifestaciones criminales más lesivas: la extorsión sistemática, fenómeno conocido como ‘cobro de piso’, que hoy se ha convertido en una dolorosa realidad cotidiana”, expresó el diputado Diego Echevarría al presentar un exhorto dirigido a las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia.
Este flagelo asfixia a todos los estratos de la actividad económica, desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas de sectores industriales, gastronómicos y pesqueros.
“El cobro de piso opera como un auténtico impuesto criminal, cobrado bajo violencia directa, amenazas de muerte, quema de establecimientos y ataques armados”, indicó Echevarría Ibarra.
De acuerdo con cifras oficiales del INEGI, la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Baja California, con una tasa superior a cinco mil casos por cada cien mil habitantes, mientras que la cifra negra rebasa el 97%, motivada por el temor a represalias y la desconfianza ciudadana en los mecanismos institucionales de denuncia.
El legislador del PAN expuso que esta modalidad delincuencial ha golpeado distintos municipios, pues en Tijuana pequeños comercios, taquerías y el sector de autopartes usadas han sufrido cierres masivos y agresiones armadas, mientras que en Ensenada y San Quintín el sector pesquero y gastronómico ha sido vulnerado con cuotas por tonelada comercializada, y en Mexicali comerciantes y bazares han denunciado amenazas escritas y exigencias semanales de pago bajo riesgo de violencia contra sus familias.
Asimismo cámaras empresariales como CANACO y CANIRAC han advertido que la presencia constante de grupos criminales ha derivado en abandono de arrendamientos e inversiones, debilitando la confianza en la actividad económica y generando un clima de incertidumbre.
El exhorto solicita expresamente al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureno Carrillo Rodríguez y a la titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez rendir un informe detallado sobre las estrategias y acciones implementadas para prevenir, combatir y sancionar el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso, así como los resultados obtenidos.
La propuesta fue respaldada por todas las diputaciones presentes, ante el incremento de esta modalidad delincuencial y la creciente sofisticación con la que operan las células delictivas en los municipios de Baja California, lo que ha generado cierres de negocios, abandono de inversiones y un clima de inseguridad que vulnera directamente a las familias y al sector productivo.
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