TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.— Frente a la polémica generada en torno a la denominada “Ley Antimemes”, la Mtra. Mirna Cosio Hernández, especialista en pensiones y AFORES, llamó a informar a la ciudadanía con precisión sobre el contenido y alcance de la reforma.
La especialista, quien desde hace varios años ha advertido sobre fraudes dirigidos principalmente contra adultos mayores y personas próximas a pensionarse, señaló que el centro de la modificación no son los memes, sino las conductas fraudulentas que utilizan la identidad de instituciones públicas para engañar a la ciudadanía.
Hoy nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está atendiendo estas causas y sobre todo la protección y garantía para la ciudadanía con esta modificación a la ley.
“No podemos perder de vista el verdadero problema: personas que utilizan nombres, logotipos, documentos e identidad de instituciones públicas para aparentar que ofrecen un servicio oficial y, con ello, engañar a ciudadanos que buscan realizar un trámite o acceder a un derecho.”
PENSIONES: UN SECTOR PARTICULARMENTE VULNERABLE AL FRAUDE
Cosio Hernández explicó que en materia de pensiones y seguridad social se han detectado durante años anuncios y establecimientos que utilizan indebidamente la imagen de instituciones como el IMSS para generar confianza entre las personas.
“Existen anuncios que utilizan logotipos institucionales y ofrecen supuestos servicios relacionados con pensiones, jubilaciones o trámites ante el Seguro Social.
El problema es que muchas personas no tienen elementos para distinguir si realmente están frente a una institución o ante particulares que están utilizando su imagen para obtener un beneficio”, señaló.
La necesidad de obtener una pensión, agregó, puede llevar a personas adultas mayores o próximas a jubilarse a confiar en ofertas que prometen soluciones rápidas, trámites garantizados o beneficios que no corresponden a la realidad.
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE PREVÉ LA REFORMA?
De acuerdo con el texto aprobado por el Senado, la modificación al artículo 403 Bis del Código Penal Federal contempla sanciones para determinadas conductas realizadas a escala comercial cuando se utilice, reproduzca, imite o incorpore identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales con la finalidad de inducir al error o engaño sobre su origen oficial y con intención de cometer un ilícito.
La sanción prevista contempla de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil UMA.
Por ello, la Mtra. Cosio Hernández consideró necesario evitar interpretaciones simplistas.
“No se trata de criminalizar un meme por el simple hecho de ser un meme.
El debate debe centrarse en cómo evitar que la identidad de las instituciones públicas sea utilizada para engañar a la población y cometer fraudes.”
UN PROBLEMA QUE, ASEGURA, DEBE ATENDERSE CON URGENCIA
Finalizó La especialista Mirna Cosio Hernández.
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