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Mexicali, B.C., miércoles 11 de noviembre de 2026. – La XXV Legislatura a través de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional, revisó los resultados y alcances obtenidos por la Secretaría de Economía e Innovación en el último año de gestión del Poder Ejecutivo estatal.
La sesión fue encabezada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, presidenta de la citada Comisión, y contó con la comparecencia del secretario de Economía e Innovación, Kurt Ignacio Honold Morales, quien expuso los principales avances de la dependencia.
En el ejercicio participaron también las diputadas Alejandrina Corral, Monserrat Murillo, Gabriela Ponce, Mayola Gaona, Evelyn Sánchez, Yohana Gilvaja y Tere Ruiz, así como los diputados Jaime Cantón, Daniel Razo, Humberto Valle, y Juan Manuel Molina, quienes formularon cuestionamientos y planteamientos sobre distintos ámbitos de la política económica estatal.
Entre los temas abordados destacaron las condiciones para atraer y retener inversiones, la generación de empleos, el fortalecimiento de los negocios locales y las oportunidades de crecimiento para las distintas regiones de Baja California. En materia de inversión, se plantearon inquietudes sobre el suministro eléctrico para la industria, el crecimiento manufacturero, el proyecto del puerto de Punta Colonet, además de otros asuntos relacionados con el desarrollo económico.
Honold Morales señaló que la estrategia estatal se concentra en cuatro factores: talento, energía, agua e infraestructura, y reportó una inversión de 104 mil millones de pesos para fortalecer la red eléctrica. Sobre Punta Colonet, informó que se han destinado 32 millones de pesos estatales a estudios ambientales y gastos de operación, con participación de capital privado para evitar endeudamiento público.
La vinculación entre universidades y sector productivo, así como los efectos de la inteligencia artificial en el empleo, también fueron abordados. Al respecto, el secretario destacó la capacitación de docentes de universidades tecnológicas y la formación especializada en áreas STEM, para aprovechar esta tecnología en la educación y los procesos productivos.
Con relación al respaldo a los negocios, se informó que el Instituto Estatal del Emprendimiento ha apoyado a 736 personas emprendedoras con cerca de 14 millones de pesos. Además, mediante alianzas bancarias se ha integrado una bolsa superior a 650 millones de pesos para financiamientos a MIPyMES. También se expusieron acciones de vinculación con el sector turístico y acompañamiento a empresarios que denuncian cobros de piso.
Por su parte, Daylín García centró sus cuestionamientos en dos asuntos de impacto para la actividad productiva: el impuesto sobre nómina y el fortalecimiento de la proveeduría local.
Sobre el primero, preguntó por su posible relación con el cierre de empresas y planteó revisar la tasa actual, así como valorar una reducción para el próximo ejercicio fiscal. Acerca del segundo, pidió conocer los avances para incorporar a más empresas bajacalifornianas a las cadenas de suministro de compañías nacionales y transnacionales, además de la posibilidad de establecer incentivos para favorecer a los proveedores locales.
En respuesta, el equipo de la Secretaría explicó que la propuesta de Ley de Proveeduría continúa en análisis mediante mesas de trabajo con organismos empresariales, y mencionó el programa Certifica tu Competitividad como una de las acciones para fortalecer las capacidades de las empresas locales. Respecto al impuesto sobre nómina, aclaró que la tasa del 4.5 por ciento no aplica a todas las empresas, pues el 85 por ciento de los contribuyentes cubre una tasa del 3.05 por ciento.
Para finalizar la diputada García Ruvalcaba pidió al secretario comprometerse a presentar ante la gobernadora propuestas de incentivos para fortalecer el encadenamiento de proveeduría local durante 2027, así como una valoración sobre la viabilidad de reducir el impuesto sobre nómina.
Kurt Honold asumió el compromiso de presentar a la gobernadora los planteamientos sobre incentivos para fortalecer la proveeduría local y revisar la viabilidad de una reducción del impuesto sobre nómina.
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