Mexicali, B.C., jueves 23 de abril de 2026.- Con el objetivo de proteger a cientos de familias y dar certeza jurídica a sus viviendas, el diputado Juan Manuel Molina García exhortó a autoridades federales, estatales y municipales a instalar una mesa interinstitucional orientada a la canalización del Arroyo Santa Catarina y la regularización de los asentamientos humanos en su zona de influencia, en el municipio de San Felipe.
“El municipio más joven de Baja California se asienta sobre una planicie costera cuya conformación lo hace especialmente sensible a los fenómenos hidrometeorológicos. El Arroyo Santa Catarina concentra los escurrimientos y, ante lluvias intensas, la insuficiencia de infraestructura ha provocado históricamente alertas rojas de protección civil”, señaló el legislador.
La proposición, respaldada por el Pleno, subraya que en la zona habitan entre 400 y 500 familias sin certeza jurídica sobre sus predios, lo que las excluye de programas de vivienda, financiamiento y servicios básicos, además de mantenerlas en riesgo permanente de inundación.
Molina García insistió que, para estas familias, la canalización integral del arroyo y la regularización de sus viviendas significaría transitar de la incertidumbre hacia la certeza jurídica, el acceso pleno a servicios públicos y la seguridad de que sus hogares estarán protegidos ante eventos pluviales.
Además, resaltó que la canalización del arroyo representaría una obra de infraestructura que elevaría el valor urbano del entorno, protegería la viabilidad y los equipamientos públicos y establecería las condiciones para un crecimiento ordenado. “San Felipe tiene ante sí un amplio horizonte de desarrollo turístico, pesquero y urbano que no puede consolidarse sobre territorios vulnerables e irregulares”, refirió.
El exhorto plantea la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional integrada por Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, el Ayuntamiento de San Felipe y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancias con atribuciones complementarias para dar una solución definitiva.
“La atención de esta problemática es una inversión en la seguridad, la dignidad y el futuro de San Felipe. Postergar una respuesta articulada no es jurídicamente sostenible para un Estado que tiene el deber constitucional de proteger la vida y el patrimonio de sus gobernados”, indicó el diputado.
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