Mexicali, B.C., martes 7 de abril de 2026.- La diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural de Baja California con el propósito de reconocer y proteger los diseños textiles indígenas como parte del patrimonio cultural de la entidad, para cerrar vacíos legales que actualmente permiten la apropiación indebida de bordados, patrones y símbolos elaborados por comunidades originarias.
La inicialista manifestó que empresas nacionales e internacionales han reproducido y comercializado diseños tradicionales sin autorización, reconocimiento ni beneficio para las comunidades creadoras; se han registrado casos en estados como Oaxaca, Yucatán, Puebla, Hidalgo y otras regiones del país donde se ha denunciado que comercializan productos como prendas, accesorios y artículos diversos con elementos de textiles indígenas, vulnerando el derecho colectivo de los pueblos sobre su patrimonio cultural.
Por lo tanto, la iniciativa plantea incorporar expresamente los “diseños textiles indígenas” al catálogo de bienes protegidos por la legislación estatal, asimismo, define estos diseños como todas aquellas creaciones elaboradas mediante hilos, fibras o cualquier técnica textil por comunidades indígenas nativas o asentadas en Baja California, con lo que se dota al Estado de herramientas legales para su defensa, registro y preservación.
La propuesta también reconoce que los textiles indígenas no son únicamente piezas artesanales, sino expresiones de identidad, memoria y cosmovisión, cada bordado, color y figura representa la historia de los pueblos, su relación con la naturaleza y la continuidad de conocimientos transmitidos de generación en generación, por lo que protegerlos implica defender la dignidad cultural y los derechos de quienes los crean.
De manera complementaria, la iniciativa armoniza la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, publicada en 2021, para actualizar las denominaciones de las dependencias y autoridades estatales, con el fin de dar mayor certeza jurídica y operativa a la norma.
Entre los cambios propuestos, se contempla que las declaratorias y actos relacionados con el patrimonio cultural queden inscritos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, además de fortalecer las facultades del Instituto de Cultura y de las autoridades estatales para promover convenios, estrategias y mecanismos de protección. También se actualizan las referencias al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que la legislación responda al marco institucional vigente.
Con esta iniciativa, plantea una respuesta legislativa frente al saqueo cultural y envía un mensaje claro: el patrimonio de los pueblos indígenas no puede seguir siendo utilizado como mercancía sin reconocimiento ni protección y coloca a Baja California a la vanguardia en la defensa de los derechos culturales y de la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias.
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